Análisis de la política catalana de integración de los recién llegados (Saiba Bayo)

INTRODUCCIÓN

La década de los 1990 es una referencia clave en el estudio de las políticas de inmigración en España. En efecto, las expectativas económicas que se diseñaban con la futura entrada de España en la Unión Europea indujeron a un aumento considerable de personas procedentes de diferentes horizontes. Si algunos de los inmigrantes utilizaban el territorio español como transito, no será el caso de la gran mayoría que se acabarán afincando (Ibarra et al, 2002). Esa nueva situación toma desprevenido a las autoridades que no disponían de experiencia en materia de inmigración ni de políticas públicas de integración. Nos encontramos en una situación caracterizada por la demanda urgente de actuaciones ante un tema que despierta emociones (Zapata et al 2002-2003: 40). En este trabajo se procederá a un análisis de las políticas en materia de integración de los recién llegados y el marco temporal de este análisis partirá del 2005 hasta la actualidad. Siendo la integración de los inmigrantes una competencia de las Comunidades Autónomas, reduciré el cerco  de mi análisis y lo limitaré al caso catalán. Concretamente, me ubicaré en el entorno del “Pla de Ciudadanía i Inmigración 2005-2008“[1] y del “Pacto Nacional de Inmigración (PNI)[2]”.

El objetivo que busco con este trabajo es analizar las políticas catalanas en materia de integración de los recién llegados. Por ello, adoptaré un enfoque específico sobre la integración de las personas en la sociedad catalana. La elección de las políticas catalanas en materia de integración y del marco temporal responde a una voluntad de simplificar el estudio y al deseo de proceder a un diagnostico riguroso y en profundidad. En esta dirección, la literatura especializada en temas de integración viene produciendo un impresionante registro académico en las últimas décadas. Por otra parte, varios investigadores (Guiraudon, 2000; Kostakopoulou, 2000; Donalson et al, 2002; Zapata et Al, 2002-2003) señalan que las políticas de integración, tanto a nivel europeo como a nivel estatal y local, presentan un carácter transversal que obliga a los “policy-makers” a adoptar estrategias multidimensionales en la fase de diseño e implementación. Por lo tanto, la particularidad del caso catalán me servirá de punto de apoyo para analizar la multiplicidad de actores; tanto en la fase diseño, como en la gestión de las políticas.

Para proceder metodológicamente, esbozaré de entrada un marco teórico a través de una breve descripción de la literatura en cuanto a la problemática de la integración y posibles soluciones para conseguir la cohesión social. En segundo lugar, abordaré la discursiva a nivel estatal con especial enfoque sobre el caso catalán. La tercera parte de este trabajo se pivotará sobre el análisis del diseño y la implementación de las políticas de integración en Cataluña. El cuarto punto se fragua en la dimensión relacional operativa para profundizar el análisis con un diagnóstico del mapa de actores, es decir para relacionar los actores con sus funciones y contestar a la preguntas quién hace qué, cómo y quién tiene la titula. Para acabar, ofreceré algunas recomendaciones, partiendo de las observaciones, para mejorar las políticas de integración.

 

A.)  Marco Teórico.

La literatura académica en materia de integración de los recién llegados ha abordado, durante las últimas décadas, el “issue” con gran interés y ha desplegado una interesante discusión en cuanto a los modelos de políticas públicas de esta índole. Ricard Zapata por ejemplo identifica dos niveles en el proceso de integración: el primero (acceso) se centraría en el reconocimiento institucional del estatus del recién llegado y el segundo nivel (coexistencia) se relacionaría con su adaptación a su lugar de acogida (Zapata, 2000). Según Zapata, la coordinación de estos dos niveles, es decir el proceso de legalización y el proceso de adaptación, es fundamental para el éxito de las políticas de integración.

Otros autores sostienen que el Estado tiene que favorecer la adaptación de los recién llegados dentro del marco institucional, cultural y socioeconómico para fomentar la cohesión social (Dahrendorf, 1996). Pero, no obstante, Dahrendorf matiza al mismo tiempo que esta adaptación no implica la aplicación de políticas de igualdad de derechos entre los inmigrantes y los autóctonos. Pues, para él, ello provocaría más precariedad de los derechos de los segundo.

Sin embargo Habermas (2006) pone el acento sobre la necesidad de políticas de inclusión social de los inmigrantes y las vincula a un cierto premio con el objetivo final de “homogeneizar” la sociedad. Esta teoría es conocida bajo la denominación de “aculturación” o modelo republicano; muy expandido en la tradición francesa de gestión de las diversidades. Habermas se basa en el concepto de ciudadanía para formular su tesis. Piensa que todos los ciudadanos de una comunidad deben de estar sometidos a  las mismas obligaciones y disfrutar de los mismos derechos. Por ello, propone la creación de un “framework” legal y cultural único que se aplicaría a todos los ciudadanos sin distinción. En definitiva, lo que quiere decir Habermas es que las minorías inmigrantes deban adaptarse a las costumbres de la sociedad acogida.

En esta línea, las teorías pluralistas se desmarcan de la visión habermasiana y se pronuncian a favor de una sociedad “plural” y “multicultural” (Barry 2001; Kymlicka 1999; Joppky 2004; Sartori 2000; Taylor 1992). La teoría pluralista defiende una visión universalista de las políticas sociales en materia de gestión de la diversidad y la integración. Los pluralistas piensan que el Estado debe promover la libertad individual dentro del marco de las identidades colectivas para sentar las bases de una sociedad más justa y cohesionada. Siguiendo este modelo, Kymlicka habla de acomodar las minorías a través de la aceptación de sus identidades dentro de las comunidades receptoras; siempre y cuando no violen las normas vigentes. Este paradigma es conocido como modelo “Germano-británica”. En esta misma corriente, Sartori cree que el Estado debe mantener una cierta neutralidad a la hora de gestionar las diferencias culturales entre la minoría inmigrantes y la población autóctona. Si bien, el reconocimiento mutuo de las diferencias es para Joppky una de las principales vías para conseguir la integración de los inmigrantes.

Pero, no obstante, algunos estudios revelan que el pluralismo ha tenido sus consecuencias negativas. Es el caso de los Países Bajos donde las políticas públicas inspiradas en la teoría del multiculturalismo se han traducido por tasas más altas de paro, pobreza, abandono escolar y criminalidad entre los grupos minoritarios predominante inmigrantes (Joppky, 2004:7). Por esto mismo, Taylor defiende que el reconocimiento mutuo deba implicar una aceptación de las reglas de funcionamiento de los grupos mayoritarios por parte de las minorías inmigrantes. Por ello, propone que el Estado tenga en cuenta las diferencias socioeconómicas de los distintos grupos a la hora de diseñar e implementar las políticas sociales, ya que de este modo se puede fomentar la rápida adaptación de éstas.

Frente a esta teoría de reconocimiento de las costumbre de la minoría inmigrantes, Brian Barry piensa que es imposible reconocer todas las costumbres de los inmigrantes puesto que ello implicaría una interpretación del derecho pero también del bien y del mal según la cultura en la que nos situemos (Barrys, 2001 en Joppky 2004).Además Barry propone “privatizar” la gestión de las diferencias culturales para evitar así una parcialidad del Estado. Esa postura de Barry es realmente valiosa desde una perspectiva analítica.  Pues nos obliga en pensar sobre la aplicabilidad, en las sociedades occidentales, de la cultura de algunos inmigrantes como por ejemplo la ablación genital en las chicas que práctica algunas comunidades africanas o la lapidación por adulterio de ciertas comunidades religiosas musulmanes. Cualquiera que fuera la postura del Estado para gestionar estos temas provocará reacciones tanto desde la comunidad inmigrante como dentro de la comunidad autóctona.

De todos modos, más allá de la dialéctica en el círculo académico, la gestión de las diversidades en los estados europeos exhibe la centralidad que tiene la integración para los gobernantes de las sociedades receptoras. Así mismo, es sumamente llamativo el enunciado de la ley de extranjería[3]: Ley orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración Social. A parte de hacer énfasis sobre los Derechos, libertades e la integración de los inmigrantes; se tipifica por primera vez los actos discriminatorios hacia los inmigrantes[4]. Por otra parte, uno de los tres principales ejes del Pacte Nacional per a la Immigració se centra son la integración de los inmigrantes[5]. Así mismo, para lograr la integración, las autoridades catalanes se plantean, un redimencionamiento de las políticas públicas que permitan valorar positivamente la diversidad y definir un espacio de cohesión y una cultura comuna.

B.) Dimensión conceptual

B.1) Contexto Sociopolítico.

El primer contacto del recién llegado con la sociedad de acogida se realiza en las instituciones del país, lo que Zapata llama “esfera pública”. La intensidad de este contacto y la necesidad de reformas para readaptar el entorno sociopolítico a la nueva realidad obliga una reforma normativa y un replanteamiento del concepto de ciudadanía en una sociedad democrática (Zapata, 2000). Sin embargo la naturaleza de la administración pública y los cambios que se operan en la esfera decisoria; complican la introducción de reformas y la toma de decisiones.

En cuanto a los medios que pueden utilizar los inmigrantes y la sociedad civil para provocar este cambio, Zapata recurre a la teoría de Miller e identifica cinco vías: diplomático, parlamentario, institucional-consultativo, democracia industrial, asociativo. El primer canal sería a través de la presión política de los países de origen de los inmigrantes. En cuanto a la vía parlamentaria, se llevaría a cabo a través de huelgas y protestas. La tercera vía se ejecutaría gracias a la coordinación de grupos informales y consejos de consulta. El cuarto canal sería la participación en los sindicatos de trabajadores. Finalmente el último canal sería a través de la vía asociativa donde las organizaciones religiosas y civiles, los partidos políticos progresistas, las ONGs y las asociaciones de inmigrantes protagonizarán y visibilizarán la lucha para los derechos sociales de los inmigrantes (Zapata 2000.180). A partir de este análisis de Zapata, deducimos la importancia de la problemática de las políticas de integración en las sociedades de acogida.

Analizando la discursiva de la época, hemos de señalar la presencia varios actores en la sociedad catalana que entendían la inmigración como una necesidad natural del hombre de desplazarse para buscar mejores condiciones de vida. Sin embargo, ante la importancia de coordinar los flujos migratorios para maximizar los beneficios del Estado de Bienestar, los gobiernos receptores se empeñaban en crear un marco legal para sentar las bases de una sociedad cohesionada (Ibarra et al 2002). En esa misma línea, la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España pretendía resolver la situación de los inmigrantes al mismo tiempo cumplir con los compromisos ante la Unión Europea[6]. Sin embargo, desde actores de la sociedad civil, se tenía la percepción de que esa ley fomentaría la injusticia social y dificultaría la adaptación de los recién llegados (Ibarra et al, 2002). Así mismo, varias entidades de defensa de los Derechos Humanos la denunciarán ante el defensor del pueblo que posteriormente impugnaría la Ley al Tribunal Constitucional. La declaración de inconstitucionalidad de algunos aspectos incentivará a las entendidas precursoras de la demanda. Otras utilizarán este hecho como trampolín para iniciar las protestas sociales en todo el territorio empezando por Cataluña y el País vasco (Ibarra et al, 2002).

Hay que remontar al año 1989 para estudiar el fenómeno de los movimientos sociales para la integración de los inmigrantes en Cataluña.  En ese año, a pesar de que no se percibía el racismo como un problema social, se creó SOS Racismo Cataluña. Esta entidad empezó a alertar sobre los posibles abusos y violaciones de los Derechos Humanos que supondría la aplicación de la ley de extranjería. SOS Racismo fraguaba su discurso sobre los Derechos Humanos y adoptó una estrategia que consistía en una oposición frontal a la ley de extranjería de gobierno socialista. Rápidamente consiguió calar su discurso. Lo que le dará una notoriedad y muchas otras entidades como UGT, CC.OO, Caritas se sumarán a la lucha contra la directiva del gobierno (Ibarra et al 2002: 145).

Sin embargo, la aparición en Cataluña de la Plataforma Catalunya Solidària amb els immigrants, unos años más tarde, marcará un momento decisivo en la evolución del movimiento a favor de la integración de los inmigrantes. Esta plataforma era una organización informal compuesta por más de 80 entidades de diferentes campos: organizaciones de ayuda al desarrollo, entidades de defensa de los Derechos Humanos, asociaciones de inmigrantes y movimientos comunistas revolucionarios etc (Ibarra et al, 2002: 149). En la misma época, se creaba la Federación de Colectivos Inmigrantes de Cataluña (F.C.I.C) que pretendía coordinar las entidades inmigrantes para constituir una identidad colectiva dentro del movimiento para la integración de los inmigrantes. Su creación coincidió con la aparición “Paper per Tothom”. Esta última se caracterizaba por el radicalismo ya que solicitaba la derogación total de la ley de extranjería, la regularización de todos los inmigrantes y la igualdad de Derecho. Más allá de sus acciones de protestación, las entidades catalanas dinamizaron una acción conjunta para redactar un memorando donde se recogían las propuestas para facilitar la integración de los recién llegados. EL informe de las 50 propuestas publicado en 1992 es uno de ellos. Este documento servirá de guía para el diseño del primer plan interdepartamental de la inmigración (PII) de Catalunya 1993-2000 (PCI, 2005-2008).

B.2) La discriminación y los conflictos sociales: ¿es falta de integración?

Si es cierto que la acción de los movimientos sociales se había centrado en la lucha frontal contra la Ley de extranjería y la petición de políticas públicas para fomentar la adaptación de los inmigrantes, la entrada en la agenda política no se había producido por la simple consecuencia de éstas. El interés de los medios de comunicación por el “issue” y los conflictos sociales entre inmigrantes y autóctonos en algunas localidades dieron un impulso abrumador a la dinámica de los movimientos.

Así mismo, el tema de la integración de los inmigrantes entra en la agenda política y mediática a la raíz de los conflictos que enfrentaron  algunos colectivos de inmigrantes a los nativos en algunas localidades españolas. Es el caso del conflicto de Ca n’Anglada en la ciudad de Terrassa en 1999 que enfrentó jóvenes marroquís a grupos de ultraderecha neo-nazis (skin heads). En 2000, los hechos racistas de El Ejido, Almería, dieron la vuelta al mundo. Además, en otras partes de España como el barrio de San Francisco en Bilbao, donde el nivel de exclusión social de los inmigrantes por falta de políticas coherentes de integración creó fuertes tensiones entre los diferentes colectivos (SOS Racismo, 2000: 33).

Con estos acontecimientos, el problema del racismo institucional contra las personas inmigradas captará la atención de las autoridades que empiezan a contactar con algunos miembros influyentes del movimiento para diseñar nuevos programas centrados en la integración y la cohesión social (Ibarra et al 2002). La presión social y mediática impulsada por el colectivo variopinto de actores que componían el movimiento de defensa de los derechos de los inmigrantes tuvo su primera resultado en la modificación de la ley con la introducción de nuevas enmiendas que desvirtuarán su contenido inicial. Así mismo, se aprobó la ley (8/2000) sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración Social (LO 8/2000). Sin embargo, estos cambios no se hubiesen introducido sin que, probablemente, se haya producido el cambio de colores políticos en el Congreso de los Diputados. En efecto, el Partido Popular, al final de su legislatura se había quedado sin el apoyo de CiU y CC. La presión social y mediática consiguieron, por otra parte, que se diseñasen nuevas políticas de integración y se creasen nuevos programas a nivel de las comunidades autónomas.

B.3) Del Plan de Ciudadanía e Inmigración 2005-2008 al Pacto Nacional para la Inmigración: un nuevo enfoque sobre la integración.

La entrada de la inmigración en la agenda política catalán tuvo como primera consecuencia, como reacción política, a una ligera reforma de la administración pública para adaptarla a la nueva situación social.  A raíz de la presión mediática y social, el gobierno de CIU crea espacios de encuentro con los actores influyentes del movimiento de contestación para empezar a trabajar sobre posibles soluciones a la controversia.  Esas reformas se acompañaron de medidas que impulsarán la creación de nuevas políticas encaminadas a reforzar las dinámicas ciudadanas en materia  de integración de los recién llegados.

En el año 2004 el número de inmigrantes residentes en Cataluña se eleva a 250.383; de los cuales el 82,1% eran ciudadanos extracomunitarios. Si nos fijamos en la composición por origen de los inmigrantes, nos percatamos que 27,5% procedían del continente africano y 30% eran de los países latinoamericanos. Por otra parte, los datos estadísticos revelan que esa población era mayoritariamente joven con una tasa de ocupación significativamente alta y que representaba el 8% del total de los afiliados a la seguridad social en Cataluña (PCI, 2005-2008). De modo que la participación de los inmigrantes a la economía catalana era un hecho evidente y habría que buscar los mecanismos para paliar los efectos negativos.

Si bien, la estrategia de Generalitat en esta materia venía siendo marcada por la cooperación entre las diferentes administraciones para fomentar la integración de los recién llegados. En esta línea, se impulsará el primer Plan Interdepartamental de Inmigración 1993-2000[7] con el propósito de coordinar entre varios departamentos las políticas públicas para promover una política global de integración de las personas inmigrantes extranjeras establecidas en Cataluña (PCI, 2005-2008). En la misma época, en 1993, se puso en marcha el “Programa Icària”[8] en la comarca de Osono que será seguido por varios programas comarcales especialmente enfocados en la integración de los recién llegados. Estos programas comarcales se centraban en dar servicios básicos para acompañar a los inmigrantes en su proceso de integración y promocionar la cohesión social. En sus fases de ejecución,  se implicaba tanto a los municipios como a las organizaciones de solidaridad con los inmigrantes (Zapata et al, 2002-2003; PCI, 2005-2008).

Por otro lado, es significativo señalar, en la misma época, la aprobación del decreto 125/2000 que estatuaba el “Consell Assesor d’Immigració”[9]. Este organismo concentraba a representantes de la administración pública, actores de la sociedad civil, OGNs, sindicatos, organizaciones religiosas; especializados en la prestación de servicios de asistencia a los inmigrantes para su integración. Con el decreto 86/2008, el parlamento de Catuña creó la Mesa de Ciudadanía e Inmigración en sustitución al Consell Assessor d’Immigración. Este órgano servirá de instrumento evaluar las acciones desarrolladas en materia de integración de los recién llegados.

Sin embargo, los actos políticos más importantes se produjeron a partir de 2000. En respuesta a las protestas sociales y la presión mediática, se creó; dentro del departamento de presidencia, el 31 de agosto del mismo año; la Secretaria para la Inmigración[10] adscrita al departamento de presidencia. Más tarde, el 26 de junio, el Parlament de Cataluña aprobó el decreto 188/2001 sobre los extranjeros y su integración social en Cataluña; concretando así las funciones y los servicios a prestar en el ámbito competencial. Se pretendía, con esta medida, garantizar el acceso de los recién llegados a los servicios públicos. Si bien, la primera aportación de la Secretaria para la inmigración fue la elaboración del plan interdepartamental de la inmigración 2001-2004 aprobada el 18 de julio de 2001

C.) Dimensión Substantiva

C.1) El plan de ciudadanía e inmigración: el paso de inmigrante a ciudadano.

Como acabamos de ver, la integración de los recién llegados ha ocupado un pilar central en el diseño de las públicas en Cataluña en materia de inmigración durante la última década del 90 y principio del 2000.  Así mismo, el diseño del Plan de Ciudadanía e Inmigración (PCI) parte de la constatación de los riesgos de exclusión social a los que los recién llegados estaban expuestos en Cataluña. En este aspecto, la evaluación es un ejercicio imprescindible en el diseño de cualquier política pública. Pues ofrece una amplia visión sobre el campo de intervención, permite hacer el balance y ayudar en la definición de las acciones y la concreción de los objetivos a conseguir (PCI, 2005-2008). En esta línea las acciones desarrolladas hasta la fecha de diseño del Plan, muestra algunas debilidades de las políticas públicas en materia de integración.

De este modo, se pudo comprobar que la carencia de formación, la dificultad de conseguir una vivienda, la creación de “barios marginales”, la dificultad de acceder a los servicios públicos por parte de los recién llegados; constituían algunos de los principales retos de las autoridades. Aunque se reconoce que se han hecho muchos esfuerzos en materia de integración como el acceso a los recursos en igualdad de condición, se ha observado la insuficiencia de estos esfuerzos por la “falta de formación de los actores sociales”. La calificación de los agentes sociales en materias como la salud, la ocupación y otras profesiones no específicamente como la mediación intercultural, la traducción y la interpretación; es muy deficiente.

Por otro lado, se ha subrayado la falta de adaptación de materiales informativos a buena parte de la población necesitada. De modo que mejorar los déficit señalados e incrementar las posibilidades de acceso en igualdad de condiciones a la educación, tanto infantil y secundaria como universitaria y formación para adultos; constituyen el “meollo” del Plan. Por otra parte, en el ámbito laboral, la mayoría de los recién llegados trabajan en condiciones desfavorables, de manera informal, sin regulación y con pocas perspectivas a la hora de buscar un trabajo. Este fenómeno acaba produciendo una situación en la cual la gran mayoría de inmigrante terminan ocupando trabajos poco reenumerados en el sector agrícola y turístico. No obstante, se ha podido constatar la realización de acciones puntuales desarrolladas por la sociedad civil pero que eran poco coordinadas.

En esta línea, la acogida de las personas en situación de vulnerabilidad no se había abordado prácticamente. Si bien, en cuanto a la acogida de los menores, se necesita respuestas “más integrales”. Ante este panorama, se recomienda que las instituciones públicas promuevan los mecanismos necesarios para que los recién llegados puedan aprender la lengua catalana con más rapidez facilitando así su integración. Pues, en este aspecto, se ha detectado que la oferta no es adecuada a la demanda.

El análisis resalta también que la diversidad cultural es uno de los estímulos de los debates en torno a la inmigración y que ha dado lugar a posiciones muy enfrentadas. Por lo cual, otro reto venía siendo el reconocimiento y la promoción de las diferentes culturas presentes en Cataluña. Así mismo, los diagnósticos previos revelan que las fiestas culturales que se organizan, se caracterizan por una predominancia de la gastronomía, música y actos folklóricos. No ha habido grandes esfuerzos para sensibilizar  a la parte más reticente de la población autóctona sobre los cambios que están siendo producidos por la llegada de inmigrantes. Esta situación ha contribuido a la creación de una percepción negativa de la inmigración. Esta misma percepción ha provocado el surgimiento de un nuevo discurso (primero los de casa)[11] por parte de las nuevas formaciones de la derecha y extrema derecha catalana.

En este contexto, el diseño del Plan de Ciudadanía e Inmigración, con especial enfoque sobre la integración de los inmigrantes; se articula en torno al concepto de ciudadanía “basado en la residencia” y en la voluntad manifiesta del recién llegado de afincar su hogar en Cataluña. Efectivamente, este plan tenía como objetivo general “incorporar dentro de su ciudadanía a los nuevos residentes” (PCI 2005: 38). El posicionamiento del gobierno catalán en la política de integración se desmarca de la línea marcada por el gobierno central y especifica que “el criterio básico que ha de reconocer al inmigrante como ciudadano es la residencia efectiva, reconocida a través del empadronamiento ” (2005-2008: 38). Vemos así que el principio de igualdad de derecho es el concepto del que se apropia el PCI para articular las políticas de integración encaminadas a cohesionar la nueva sociedad catalana en base a criterios abiertos y plurales.

Las líneas estratégicas. Las grandes líneas de plan abordan aspectos como la acogida y la acomodación  de los recién llegado además de fomentar la igualdad de oportunidades entre éstos y la población autóctona. Éstas tres dimensiones constituyen los principales ejes sobre los cual se pivotean el plan de ciudadanía y inmigración.   

La política de acogida: Es sumamente importante en el proceso de integración de los recién llegados porque es la primera fase donde se producen los primeros contactos entre el recién llegado y la sociedad de acogida (Zapata et alt 2002). De ahí la importancia de diseñar una política de acogida que facilité la recaudación de información y conocimiento acerca de la persona recién llegada y, de este modo,  promover su plena autonomía (PCI, 2005-2008: 39). Por ello la política de acogida se centra en tres líneas: el conocimiento de la lengua, la formación laboral y el conocimiento de del entorno. En este aspecto,  se pone el acento sobre la necesidad de adecuación de los servicios de atención a la ciudadanía a la diversidad intercultural i garantizar la comunicación.

La política de igualdad. Se considera como la siguiente fase que sigue a la fase de acogida. Consiste en equiparar las condiciones de los inmigrantes a la categoría de ciudadano garantizando la igualdad de de oportunidades y reduciendo las desventajas producidas por la deferencia de derechos y deberes. Por ello se pretende suprimir los efectos causados por la discriminación y fomentar la igualdad de derechos y de obligaciones y el acceso a las administraciones públicas. Las principales acciones de este eje se centran sobre:

  • facilitar el acceso a los recursos y los servicios en igualdad de condiciones mejorando y adecuando cuando sea necesaria.
  • Formar a los profesionales en la atención a las personas de contextos culturalmente diversos.
  • promover la participación de los ciudadanos de origen inmigrante a la vida social, cultural, deportiva, económica y política; así como en los espacios de participación y dialogo con las administraciones catalanas.
  • promover la mejora y, cuando sea necesario, la participación de los inmigrantes en los ámbitos lingüístico, laboral y académico.

Las políticas de acomodación. Se pretende con estas políticas, gestionar las relaciones entre todos los ciudadanos. Estas políticas comportan la gestión de las zonas públicas de integración (espacios públicos) para fomentar la diversidad, promover el conocimiento mutuo, la sensibilización y la mejora de la percepción ciudadana acerca de la realidad cambiante. Las principales líneas de actuación de esta política son:

  • la gestión de la diversidad en el sistema educativo, sanitario y social entre otros. Así mismo, se pretende informar correctamente al conjunto de la ciudadanía para disminuir la percepción  preferencial que erróneamente  se crean de los ciudadanos de origen inmigrante.
  • la sensibilización de la población autóctona más empática a la realidad cambiante con la mejora del conocimiento y de la imagen que se tiene los ciudadanos de origen inmigrantes, con la promoción de los espacios de encuentro y de intercambio.

En definitiva, este plan se articulaba entorno al pluralismo, el principio de igualdad  y la socialización de las normas de comportamiento basadas en el civismo (Zapata, 2010)

C.2) El Pacto Nacional para la Inmigración.

En las primeras fases de implementación  de las políticas de integración de los recién llegados, la discursiva ha estado caracterizada por una lógica de acusaciones mutuas entre las administraciones públicas y los actores sociales. Sin embargo a partir de las experiencias de los planes interdepartamentales en los años 2000, esa dinámica se ha transformado y se ha centrado en una estrategia de cooperación y de corresponsabilidad (Zapata 2010). En efecto, la complicidad entre el gobierno del tripartito[12] y los actores del tercer sectores ha favorecido el diseño y la puesta en marcha del PCI 2005-2008. A partir de la creación de una red de actores a este nivel fomentará el diseño y la implementación del Pacto Nacional para la Inmigración (PNI).  De este modo se intenta consolidar la dimensión interdepartamental impulsada a la primera fase y los vínculos entre la sociedad de acogida y los recién llegados para hacer efectiva la integración total de estos últimos en el tejido social catalán.

En las diferentes acciones del proceso participativo del PNI, participaron 1.515 personas; que realizaron 2.371 aportaciones (PCI, 2010). Después de un largo y amplio proceso de concertación y de diálogo social, el gobierno de Catalunya, juntamente con los grupos parlamentarios, entidades municipalitas, agentes económicos y sociales; los miembros de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración, del tejido asociativo vinculado con la gestión de la integración; firman el PNI el 19 de diciembre de 2008. Este acto fue  la culminación de un largo proceso en el que diferentes actores se han implicado en el objetivo de “favorecer la recepción y la integración de la inmigración”. De modo que, según las palabras de Carme Capdevilla[13]: “el pacto nacional para la inmigración ha querido servir para explicarnos los cambios vividos, escuchar cuales son las demandas que la sociedad tiene planteadas y ofrecerlas respuestas”.

Sin embargo algunos partido políticos de la oposición como el Partido Popular y Ciutadans, se abstuvieron por considerar el pacto una propaganda política del PSC y sus socios del tripartito, sobre todo a ERC; por su afán de catalinizar a los inmigrantes. Estas ideas se reflejan claramente en las declaraciones publicadas de algunos dirigentes de C’s como su portavoz José Domingo:

los firmantes del Pacto, obsesionados por una amputada forma de entender la catalanidad,  tratan de  hacerles más difíciles su vida y su movilidad. El asunto es evidentemente político, lo que pretenden es guardar las esencias patrias y que los recién llegados contribuyan con su cuota a la escenografía catalanista. En el imaginario de la “Nació catalana”,  España y el castellano como lengua oficial  sobran  y para ello se inventan lo del catalán como lengua común de los catalanes (Domingo, 2008).

Por su parte, aunque participó a la firma del PNI, CIU no compartía el planteamiento que se tenía en la configuración de las ideas principales. Lo que llevó su líder, Artur Mas, a tachar a la propuestas del PNI de “fer volar coloms, com, sense anar molt lluny[14]”. Del mismo modo, en sus declaraciones durante el congreso de CDC, Mas plasmó su idea de la integración que, para él, consistirá en hacer que “els nouvinguts s’identifiquin amb els valors democràtics i la identitat de Catalunya” (Mas, 2008)[15]

De todos modos, por lo que venimos observando desde la fase de contestación, el PNI se presenta como una respuesta a las demandas que plantean la sociedad catalana en el proceso de “transformación demográfica vivida y sus consecuencias”. Al mismo tiempo, se presenta como una continuación del Plan de Ciudadanía e Inmigración. El documento final del PNI se articula en torno a tres ejes principales: gestión de los flujos migratorias y acceso al mercado laboral, adaptación de los servicios públicos a una sociedad diversa y la integración en una cultura pública comuna (PNI, 2008: 5). El eje de la integración en la una cultura pública comuna representa un pilar fundamental ya que los dos primeros ejes son medios para conseguir el objetivo marcado en el pacto, es decir la integración total de los recién llegados para conseguir una cohesión social. Si bien, los principales retos que se ha propuesto el PNI se articulan en torno a:

Fomentar la participación a la vida pública:

a través de acciones como la participación social y política de los recién llegados; visibilizar su presencia en los medios de comunicación y su representación inclusiva. Fomentar la igualdad de oportunidades, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Así mismo se propone el derecho de voto de los recién llegados con un permiso de residencia permanente y firmar un pacto para evitar la utilización de la inmigración en las compañas electorales.

Hacer del catalán la lengua pública comuna: se levará a cabo a través del fomento de la práctica de catalán como lengua pública comuna para los diversos actores sociales y garantizar la enseñanza del catalán a los recién llegados. De este modo se pretende garantizar el uso del catalán como lengua vehicular.

Convivir en la pluralidad de creencias: desarrollar estas acciones consistirá en trabajar para el reconocimiento institucional de todas las religiones presentes en Cataluña. Por ello se pretende gestionar la diversidad religiosa en las escuelas, favorecer la formación de los líderes religiosos y apoyar al dialogo y a las actuaciones de las entidades religiosas.

Asegurar la igualdad de oportunidad entre hombres i mujeres, incluir la perspectiva de género: en esta línea se propone fomentar el reconocimiento de la diversidad; aumentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; trabajar para la inclusión desde la perspectiva de género; atender las necesidades específicas de las mujeres y acompañarlas en su proceso de aprendizaje para alcanzar más autonomía. Estas acciones deberán incluir garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violencia machista y promover acciones para erradicar prácticas como la mutilación genital.

Reforzar las políticas dirigidas hacia la infancia, la juventud, la gente mayor y las familias: estas políticas consisten en evitar la segregación entre los jóvenes por razón de origen; fomentar el proceso de socialización de la juventud dentro de los valores democráticos y de los derechos humanos; fomentar la igualdad y el pluralismo entre los jóvenes. Por ello las autoridades pretenden apoyarse en los casals, las asociaciones, las oficinas de la Generalitat; para hacer la difusión de la información.

C.3) Dotación presupuestaria de las políticas de integración.

La dotación presupuestaria de una política pública es el principal pilar sobre el cual se apoyan las administraciones públicas en la fase de concepción y de diseño de una política. Al asignar recursos, el gobierno hace mucho más que simplemente suministrar bienes y servicios (Salazar, 2009: 45). Por este motivo, la valoración presupuestaria de un proyecto es, de algún modo, una variable clave en la fase de análisis de una política pública ya que nos aporta datos relevantes sobre las dimensiones y la importancia de una política determinada.

En el marco del Plan de Ciudadanía e Inmigración

Analizando los presupuestos del gobierno de Cataluña para la implementación del Plan de Ciudadanía e Inmigración para el periodo 2005, nos percatamos que los fondos para la acogida, la integración y el refuerzo educativo de los recién llegados se situaban en 27.096.708,30 €. Sin embargo, en este estudio, ha quedado reflejado que la interdependencia era una de las soluciones que permite responder a la complejidad de la integración. Por ello, era necesario que los diferentes niveles de las administraciones públicas catalanas trabajen juntos. En este aspecto, la repartición de los fondos sigue tres líneas fundamentales. Por un lado, se destina 13.548.354,00€ a las administraciones locales. La distribución de estos fondos se hacía a través de un criterio que consiste subvencionar aquellos programas que se inscriben a las políticas de integración de los recién llegados. Por otra parte, se destinaron 11.096.595,16€ al refuerzo educativo de los recién llegados. Por último, se dota la Secretaria para la Inmigración de un presupuesto de 2.451.759,14€. Hay que señalar que estos ejes son los más relevantes ya que se enfocan específicamente en las políticas de integración (PCI, 2005-2008: 196)

 

En enfoque desde el Pacto Nacional para la Inmigración

Teniendo en cuenta que el PNI es una continuación del plan de ciudadanía e inmigración, era lógico que la dotación presupuestaria, en este aspecto, fuera más significativa desde el punto de vista de sustento; puesto que los objetivos eran, de igual modo, más ambiciosos. Así mismo, el eje  Integrar en una cultura pública comuna fue dotado de un presupuesto de 120 millones para el periodo 2009-2012. Proporcionalmente a la importancia que tienen las diferentes fases de las políticas, se destinó 200.000 € para fomentar el eje hacer del catalán la lengua pública común, 50.000.000€ para el eje convivir en la pluralidad de creencias. En cuanto a las tres otras dimensiones, la de asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e incluir la perspectiva de género fue sancionada por 2.800.000€ mientras que la línea diseñada para reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud; recibió una financiación de 3.000.000€. Por último, se destinó 64.000.000€ a las políticas dirigidas a las personas adultas y las familias (PNI, 2008 79-81).

D.) Dimensión relacional operativa: la gestión de las políticas de integración

Frente a la complejidad de las políticas de integración, es necesario optar, además del interdepartamentalismo; por la transversalidad para sacar adelante una política pública con esas características. Esto comporta que las administraciones deban estar dotadas de una serie de órganos de coordinación interdepartamental e interadministrativa, así como unos instrumentos de gestión que permitan la aplicación de estas políticas en los diferentes territorios (PCI, 2005-2008: 63)

Órganos de Gestión y  coordinación:

Analizar la gestión de una política con el nivel de complejidad como la política de integración es una tarea esencial en el proceso analítico. Si bien, nos tenemos que interesar a los diferentes actores que intervienen en la ejecución de las políticas; detectar el papel de los actores y el tipo de relaciones que mantienen entre ellos. Es decir quién hace qué y cuáles son las relaciones sobre las que se fundan la interacción. Esto es, comprobar si las interacciones se basan sobre el principio de cooperación vs subordinación o si se apoyan sobre la horizontalidad vs verticalidad; y viceversa. En la gestión de la política catalana de integración de los recién llegados, los órganos de gestión se sitúan en diferentes niveles de la administración: la Secretaría para la Inmigración, los distintos departamentos, los consejos comarcales, los municipios, las asociaciones y organizaciones de solidaridad con los inmigrantes ect. En cuanto a la tarea de coordinación, se creó las comisiones departamentales, las comisiones interadministrativas y, por último, un órgano de participación.

D.1) Nivel de coordinación

Desde la creación de la Secretaria para la inmigración, el gobierno de la Catalunya disponía de un órgano que se encargaba de proponer criterios encaminados a impulsar actuaciones coordinadas, dar apoyo e impulsar las actuaciones de los departamentos de la Generalidad, así como dirigir y gestionar programas de actuaciones en materia de integración (PNI, 2008). A pesar de la implicación de los distintos departamentos en la política de integración por razón de su carácter transversal, la tutela de esta política está en la Dirección General para la inmigración[16], adscrita al Departamento de Bienestar Social y Familia (DBSF). Por otro lado, la gestión de las políticas de integración descansa en la colaboración y la cooperación entre el público y el sector privado, concretamente el tercer sector

Así mismo, a través de un sistema de subvención, el DBSF, las diputaciones y otros departamentos relacionados; organizan convocatorias anuales de subvenciones a las que empresas, fundaciones, entidades, municipios y ONGs pueden acudir para desarrollar iniciativas que entran en el marco de la integración. Por otra parte, la coordinación interdepartamental de las acciones precisaba de un órgano que se encargase de la tarea de facilitar la fluidez de la información entre los distintos departamentos.

Por ello, se creó la comisión departamental que fue reforzada para hacer frente a la realidad cada vez más compleja de la integración de los recién llegados. En el mismo nivel de coordinación, se creó la comisión interadministrativa con el propósito de asegurar la coordinación interadministrativa. A este nivel, podemos observar la creación de un grupo de trabajo específicamente centrado en las políticas de integración. Esta iniciativa tenía el propósito de reforzar la coordinación entre los niveles superior de la administración pública con las administraciones locales (PCI, 2000-2012).

En el último nivel de coordinación, se sitúa los órganos de participación. Siendo la gestión de la política de integración una tarea de cooperación entre los distintos agentes para el fomento de la participación ciudadana. Los principales reclamos de las entidades que trabajan en el sector venía siendo la posibilidad de participación en la evaluación de las políticas y la reformulación de las propuestas. En esta línea, se amplía el “Consell Assessor d’Immgració” con la participación de nuevos agentes sociales, las administraciones locales, las entidades de origen inmigrante y las asociaciones de solidaridad con el colectivo inmigrante. En esta dinámica de fomentar la participación, se sustituye el Consell Assessor por la “Mesa de Ciudadanía e Inmigración” creada a través del Decreto 86/2008, del 15 de abril. La principal función de la Mesa de Ciutadanía e Inmigración consiste en dotar la Generalitat, los entes locales, las entidades, los sindicatos y la patronal de un espacio de diálogo  e intercambio de información en el ámbito de la inmigración, enfocada sobre la integración[17].

 

D.2) Nivel gestión

Analizar la gestión de la integración de los recién llegados desde el transversalismo y la interdependencia es una condición necesaria puesto que el papel de los múltiples actores en esta materia viene siendo fundamental desde el inicio de los planes interdepartamentales de los años 1990. Por otra parte, las conexiones de los diferentes niveles de las administraciones catalanes ofrecen una visión territorial, transversal e integral para la gestión local de las políticas (Zapata et al, 2002-2003). La implementación de las políticas de integración desde la firma del PNI ha implicado una modificación del plan de ciudadanía e inmigración a pesar de que el segundo es la continuación del primero.

En cuanto a la ejecución de las políticas de inmigración, varias acciones se llevaron a cabo. Así mismo, en el marco de la política de acogida, la puesta en marcha del programa integral de Acogida (PIA) a través de convocatorias de subvenciones por la Secretaria para la inmigración, se pudo desarrollar seis programas en el ámbito sanitario, educativo, laboral, institucional, de vivienda y menores. Las subvenciones iban dirigidas a los entes locales y a las organizaciones que trabajan en el sector. El objetivo consistía en facilitar el desarrollo de programas y acciones de acogida e integración de las personas extranjeras inmigradas. En el ámbito laboral por ejemplo se ha incrementado las ofertas para la formación de los recién llegados en materia de conocimiento del mercado laboral. De este modo, se ha pasado de 938 aulas en 2005 a 1.234 aulas en 2008 y han sido atendidos 24.508 alumnos en el periodo de 2007-2008 (PCI 2009-2012)

En materia de política de igualdad, destaca el esfuerzo que se ha llevado a cabo para ampliar el número de cursos de formación para los responsables de las entidades de inmigrantes con el objetivo de fortalecer del tejido asociativo inmigrante. Por otra parte, se ha dotado a las entidades inmigrantes de recursos económicos para desarrollar acciones concretas en el fomento de la integración. El número de entidades de inmigrantes subvencionadas pasó de 184 en 2005 a 352 en 2008 con un crédito total de 1.893.000€ en el últimos ejercicio. Importantes esfuerzos fueron notados en la mejora de la capacitación individual de los inmigrantes. En esta línea se han organizado 1080 cursos de catalán entre 2005-2008 a las que participaron 21.104 alumnos (PCI 2009-2012: 68-71)

Por lo que respecta a las políticas de acomodación, se puso en marcha 11 programas que se han articulado en torno a la gestión de la diversidad para fomentar el respecto de la libertad religiosa y de los planes educativos de entorno (PEE) con el objetivo de promover la cohesión social. Se ejecutaron 95 PEE en a final del ejercicio 2008. En materia de sensibilización se organizaron seminarios gratuitos y se distribuyeron programas en cuaderno hasta 85.000 ejemplares en Barcelona y el área metropolitana. El organismo encargado de ejecutar estas acciones era la Secretaria para la inmigración a través de sus diferentes antenas y su red de colaboradores.

C.) Recomendaciones

No pretendo ofrecer medidas infalibles en la mejora de las políticas de integración de los recién llegados. Sin embargo, tras recorrer los principales documentos donde están recogidas las principales medidas para fomentar la integración total, espero ofrecer algunas propuestas para reforzar las políticas desarrolladas y las que se tiene que desarrollar en el futuro. No obstante, soy consciente de la imposibilidad de ejecución de algunas de mis propuestas debido a la crisis económica actual y la situación del déficit público. A continuación me limito a ofrecer seis propuestas de manera muy breve.

  1. Definir los objetivos de manera más concreta y centrar las acciones en aspectos concretos. Los objetivos recogidos en los programas son ambiciosos y abarcan campos muy amplios y diversos. Esto tiene una ventaja ya que los actores pueden adaptar más fácilmente sus acciones al contenido. Pero existe el riesgo de que la redacción de los proyectos o programas solo sirva para recibir las subvenciones y no para ejecutar las políticas.
  2. Establecer una coordinación entre los programas en localidades más cercanas geográficamente. La concesión de los fondos a los entes tiene que ir acompañado de una especie de coordinación local de los actores para multiplicar los efectos positivos de las buenas prácticas y fomentar la eficiencia en cuando a la distribución los recursos.
  3. Implicar más las entidades de inmigrantes en la fase ejecutoria y fomentar el liderazgo inmigrante. Las actividades de las asociaciones inmigrantes se limitan a la organización de eventos culturales para enseñar sus costumbres a los autóctonos. Por lo cual se tiene que aprovechar de las experiencias acumuladas por los líderes de las entidades de inmigrantes para trabajar en espacios más abiertos y transversales.
  4. Implicar más el voluntariado (ejemplo Holandés) en el proceso de integración de los inmigrantes. La figura de acompañante de los recién llegados podría revolucionar las políticas de integración ya facilitaría el aprendizaje de la lengua, de las costumbres pero también facilitaría el conocimiento de las administraciones públicas y del funcionamiento de las instituciones.
  5. Ofrecer más incentivos para que los inmigrantes aprendan catalán: La condicionalidad del conocimiento lingüístico en la concesión del certificado de integración social es una buena medida ya que incentiva a los recién llegados a asistir a las clases de lengua. Pero si esta medida no está acompañada de una cierta compensación económica para cubrir las necesidades más básicas de los recién llegados, la obligatoria de por sí solo puede creer una situación de desamparo.
  6. Impulsar una iniciativa legal contra la utilización de los tópicos en las campañas electorales. La discursiva política es el gran obstáculo en el proceso de construcción de una sociedad plural y cohesionada. El hecho de que los partidos políticos recurran a la inmigración para beneficios electorales es un gran freno en la tarea de sensibilización. La única vía para ponerle freno a este oportunismo es la prohibición de los mensajes de odio hacia los recién llegados y la utilización de los tópicos en las campañas. Esta medida debe acompañarse de la creación de un órgano supervisor que se encargaría de perseguir estos hechos.

 


[1] Generalitat de Catalunya. Departament de Bienestar i Familia, secretaria per a la immigració: Pacte de Ciutadania i Immigració 2005-2008

[2] Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Immigració, 19 diciembre 2008

[3] LEY ORGÁNICA 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

 

[4] Artículo 23.2.e) Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

 

[5] Per assolir la integració en una cultura pública comuna, el Pacte proposa: fomentar la participació a la vida pública; fer del català la llengua pública comuna; conviure en la pluralitat de creences; asegurar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; incloure la perspectiva de gènere, i reforçar les polítiques adreçades a la infància, la joventut, la gent gran i les famílies.

[6] El 12 de enero de 2000 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, habiéndose detectado durante su vigencia aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma. Al mismo tiempo, nuestra normativa debe ser conforme con los compromisos asumidos por España, concretamente, con las conclusiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea los días 16 y 17 de octubre de 1999 en Tempere sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

[7] Pla interdepartamental d’immigració 1993-2000: Aquest Pla va establir els objectius de la política d’immigració a Catalunya següents: promoure una política global d’integració de les persones immigrants estrangeres establertes a Catalunya, establir i dur a terme un seguit de programes de recursos i serveis coherents i coordinats, potenciar la participació de les persones immigrants estrangeres en la construcció nacional de Catalunya, i promoure la informació i la sensibilització de la realitat de la immigració a Catalunya entre la població en general i els professionals dels diferents àmbits que tracten amb aquesta població.

[8] El programa icària es un programa pionera en materia de integración. Se impulso en la comarca de Osona por iniciativa de varios ayuntamientos para enfrentar la situación de conflictividad causada por la llegada masiva de inmigrantes, mayoritariamente marroquís y otros muchos extracomuni-tarios

[9] El Consell Assessor de la Immigració se constituirá en el termino máximo de seis meses a comptar de la entrada en vigor de este Decreto (Decreto 125/2001, de 15 de mayo, publicado el día 28 de mayo de 2001). Sus funciones son: elaborar informes i formular propuestas en materia de inmigración per dirigirlas a la Comissió Interdepartamental d’Immigració; analizar periódicamente la situación de los inmigrantes y las repercusiones de la realidad de la inmigración en la sociedad catalana

[10] La Secretaria per a la Inmigración ha cambiado de nombre y de ubicación y ahora se llama Direcció General per a la Immigració y  está adscrita al Departament de Benestar Social i Família i se encarga de proponer al Gobierno directrices políticas en materia de inmigración. Es el órgano responsable de programar, proponer y evaluar les decisiones en materia de integración de les persones inmigradas.

[11] “Primero los de casa” ha sido el discurso impulsado por Plataforma por Catalunya, un partido de extrema derecha catalán que aprovechó de la situación que ha provecho la mala percepción de los catalanes de la inmigración para crear un eslogan basado en el rechazo de los inmigrantes. Este eslogan se reproducirá por otros partidos como el partido popular de Cataluña en Badalona en las últimas elecciones municipales.

[12] El tripartito es la denominación que se ha utilizado para llamar la coalición gubernamental tras las elecciones de 2003 entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC), Iniciativa per Catalunya Verd y Esquerra Alternativa (ICViEA) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

[13] Carme Capdevila i Palau era la Consejera de acción social y Ciudadanía en el gobierno de tripartido durnate la fase de deseño del pacto nacional para la inmigración.

[14] Esta referencia es sacada del informe de GRAMC sobre el PNI, se puede acceder el documento entero a través del link  http://www.gramc.org/docs/butlletins/0901_butlleti-GRAMC.pdf

[15] Decrlaraciones del Artur Mas durante el congreso de cdc en 2008. Se puede acceder a dicho discurso a través del link:  http://www.blocgran.info/?page_id=281

[16]  Tras la llegada de CIU al gobierno después de las elecciones autonómicas de 2011, se cambio de el nombre de Secretaria para la Inmigración de Dirección General para la Inmigración.

[17]  Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Familia, Taula de Ciutadania i immigració. http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.

 

Saiba Bayo, es graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, con la doble mención en análisis político y gestión pública.